Desde el momento en que la comunidad de propietarios, a través de su Junta general, decide nombrar un Administrador profesional con el encargo de gestionar sus elementos, servicios e instalaciones comunes, surge entre ambas partes una relación contractual de la que se deriva un complejo entramado de derechos y obligaciones.

En la presente obra se abordan, entre otras cosas, la naturaleza de la relación como contrato de mandato sui generis-, los sistemas de nombramiento, los problemas que surgen a la hora de formalizar el contrato por escrito, las posibles cláusulas abusivas, las diferentes modalidades de Administrador profesional entre las que puede optar la comunidad de propietarios personas físicas o sociedades profesionales-, la sustitución entre Administradores, el traspaso de la cartera de clientes, las consecuencias de la falta de cualificación profesional o de colegiación, la incidencia de la Ley Paraguas y, especialmente, de la "Ley Ómnibus" en su ejercicio profesional;  las funciones que debe llevar a cabo en su quehacer diario, muchas de ellas de nuevo cuño, como la protección de datos de carácter personal, el deber de información a los propietarios, el asesoramiento profesional o la representación; la  responsabilidad civil que asume por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o tardío de sus obligaciones; o, para concluir, las importantes consecuencias que surgen para ambas partes tras la extinción del contrato, como la obligación de indemnizar al Administrador cuando se le cesa anticipada e injustificadamente; los efectos de su posible renuncia; la forma, tiempo y lugar de la rendición de cuentas y de la restitución de la documentación a la comunidad, el derecho de retención, o la liquidación de los honorarios profesionales, por significar tan sólo algunos destacados aspectos que, de forma exhaustiva, se tratan en esta monografía, todo ello con apoyo en la última jurisprudencia existente al respecto.

El lector tiene entre sus manos una moderna, completa y actualizada obra sobre una materia que, a su rigor académico, añade un indiscutible valor jurídico-práctico, no sólo para los Administradores de Fincas, sino, en general, para todos aquellos profesionales del Derecho que deseen o tengan la necesidad de aproximarse a este tema.