Desde que el día 8 de enero de 2000 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, todos los que, directa o indirectamente, nos vamos a ver afectados por su promulgación nos preguntábamos cómo resultaría el proceso civil a partir de su entrada en vigor. Esta cuestión ha sido un lugar común entre Jueces, Abogados, Procuradores y Funcionarios de la Administración de Justicia, porque todos ellos, de una manera u otra, van a experimentar importantes cambios en su forma de trabajar. Conforme se iba acercando el momento en que la nueva ley debería empezar a aplicarse en los Juzgados y Tribunales la cuestión comenzó a convertirse en preocupación, sobre todo cuando, tras la lectura de la nueva norma, nos dábamos cuenta de la gran cantidad de novedades que contenía y, por consiguiente, del esfuerzo que iba a suponer su estudio y posterior aplicación.