Antiguamente, con una bolacha de caucho. Luego, con unos cuantos miles de pies tablares de caoba. Hoy, con una botella de Coca-Cola de dos litros llena de hojuelas de oro. Estos emprendedores encarnan los límites del Estado en la frontera. Alérgicos a la burocracia, las relaciones piramidales que establecen con sus trabajadores difícilmente serían compatibles con el proceso de formalización de la actividad minera que ha emprendido el Estado peruano con una Declaración Única de Compromiso; mediante esta el minero informa bajo juramento que tiene una concesión, un título minero, un petitorio o derechos mineros aprobados, y que de esas tierras tiene planeado extraer oro. El documento no es todavía una autorización para iniciar una operación aurífera, pero así es como funciona. Al minero le sirve para comprar insumos, maquinarias, y para vender su oro con un mínimo grado de legalidad. Es decir, más que el inicio del proceso de formalización de una actividad económica, lo que ha hecho el Estado peruano es instituir un sistema masivo de blanqueo de oro de procedencia ilegal.