La ejecución provisional se concibe como una institución procesal especial de naturaleza ejecutiva que permite la ejecución de resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza pretendiendo evitar así las consecuencias de la dilatada duración de un proceso o la utilización abusiva de los recursos. La ejecución provisional constituye, no obstante, una figura cuya regulación ha resultado objeto de una progresiva evolución que culmina con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, Ley que introduce, sin duda, en palabras de DE LA OLIVA, una de las reformas más importantes , y una de las más debatidas.