La Constitución (art.35,1) establece que "todos los españoles tienen.... el derecho.... a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia". La expresión "remuneración suficiente" no provocó rechazo alguno en las Cortes constituyentes; existió unanimidad entre los grupos del Parlamento a la hora de aceptarla. El salario "suficiente" es, partiendo del sustantivo que lo designa, un derecho cívico o social, pero el calificativo que acompaña a ese sustantivo le adjudica un fin que lo eleva al nivel de los derechos ciudadanos más fundamentales. Esta conclusión general obliga a sentar las siguientes conclusiones particulares: a) el derecho al salario suficiente sirve, con los derechos más inherentes a la persona, para garantizar la dignidad del trabajador; b) pero su condición de derecho social lo hace susceptible de "optimación" progresiva y c) reclama para su desarrollo la actuación de los poderes públicos y los grupos sociales, que en este caso deberán intervenir a través del ordenamiento jurídico para modificar las reglas del mercado. Del texto constitucional se deduce que sus redactores optaron por unir el salario al derecho a allegar los medios para llevar una vida decente, y, con ello, por asociar a los empresarios a la tarea de la construcción del Estado social. La presente monografía tiene como objeto examinar la ordenación jurídica de la retribución del trabajo en España.