La Justicia se ha ido adaptando a las circunstancias con la finalidad ya prevista en nuestra Constitución Española de 1978 de ejercer las funciones de Poder Independiente (El Poder Judicial), garantizar para todas las personas el Derecho a la tutela judicial efectiva, y sobre todo en su última etapa, la actual, cumplir con la exigencia social de Servicio Público de calidad por parte de la Administración de Justicia, haciendo accesible a los ciudadanos el recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo II de la Norma Suprema citada, así como la protección de los derechos e intereses legítimos."