La violencia es uno de los principales problemas sociales de Venezuela, lo que se refleja por un lado, en el notable aumento de la tasa de homicidios y el relativamente bajo incremento de la tasa de lesiones y por otro lado, en la acentuación de la tasa de robos a mano armada y el descenso en la tasa de hurtos. Tal situación puede ser explicada a partir de un comportamiento social orientado por la idea de la impunidad: los delincuentes aprenden que pueden ejecutar sus acciones, pues difícilmente serán castigados y la población se convence de que ello es totalmente cierto. Pero también se puede elaborar otra interpretación partiendo del hecho del mayor y más fácil acceso de la población a la compra y posesión de armas de fuego: ciertamente en Venezuela la gran mayoría de los homicidios son ocasionados con armas de fuego. La gravedad de la situación en el país es tal que en los diez años que van desde 1989 hasta 1999, la tasa de homicidios se duplicó, llegando a registrarse, 21,04 homicidios por cada cien mil habitantes; los homicidios por día se multiplicaron por 3 desde 1988 (4,6) a 1998 (12,5). En números absolutos, los 2.502 homicidios por año de 1991 se multiplicaron por más de 3 para el año 2000 -8.021-; llegando a 13.288 en 2003. Es un fenómeno que se produce en un país donde no existen ni guerras, ni terrorismo, ni guerrillas. Porque en Venezuela la violencia social es una acción cotidiana que no tiene banderas y que nos afecta a todos. Y que se estaría reflejando en las normas culturales y las actitudes asociadas con comportamientos agresivos dentro del núcleo familiar y hacia personas ajenas. Por otro lado, la magnitud de los problemas producidos por el temor al crimen puede ser mayor y más dañina que el mismo delito, ya que favorece la autoprotección individual, restringe las respuestas organizadas a problemas colectivos, da paso a la violencia social y a una visión sesgada y represiva de la inseguridad personal. El temor es un sentimiento resultado del proceso social de construcción de realidad en el cual intervienen dos aspectos: la vivencia y el discurso en sus dos modalidades: la conversación cotidiana y la comunicación masiva-. De modo que la violencia y la inseguridad tienen un alto componente subjetivo, tanto por las dificultades para realizar juicios racionales en esta área, como por la notable carga sentimental que conllevan y la compulsividad de las acciones de respuesta. Así, es difícil saber de manera científica cuál es y cómo varía el componente subjetivo de la violencia y como se relaciona este componente con las situaciones reales de peligrosidad y acceso a previsión de seguridad personal de actores sociales con recursos desiguales. La victimización real y el miedo a las agresiones impulsan respuestas violentas de la población, como los linchamientos, las patrullas vecinales, el amurallamiento de las residencias, el porte de armas, etc. Estamos entonces, en presencia de un nuevo problema: necesariamente la impunidad fomenta conductas indeseables; por lo que hacen las víctimas frente a las agresiones y ante la ausencia de la protección que debe garantizar el Estado y sus respuestas, también violentas, que cada día se generalizan, logran alguna justificación por la percepción de indefensión. Los capítulos que aquí se presentan -cada cual referido a una modalidad de respuesta- corresponden a la labor realizada desde 1999 por la línea de investigación sobre violencia del Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia dirigida por Alexis Romero Salazar. En el equipo han participado en diferentes proyectos -6 en total- profesionales de un gran compromiso académico y de diversas disciplinas. En torno al programa de investigación fueron administrados 3 Seminarios de Grado en las Escuelas de Sociología y Trabajo Social cuyos 24 estudiantes se integraron al equipo durante el año que duró la ejecución de su trabajo de campo y la redacción de sus tesis, que en total llegaron a 9. La mayoría de los proyectos se han ejecutado en el marco de un esquema de investigación cooperativa promovido por el FONACIT que ha permitido compartir y discutir los avances entre los equipos del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y del Laboratorio de Ciencias Sociales.