El libro trata de la mayor garantía que ofrece el ordenamiento jurídico a quienes puedan sentir la acción punitiva de la Administración, pues el principio de legalidad y, como derivaciones del mismo, los de tipicidad e irretroactividad, aseguran a los administrados que no serán sancionados sino por quienes hayan recibido de la ley el poder para ello y, además, solo por la comisión de aquellas acciones u omisiones que previamente hubieran sido definidas como infracciones por quienes ostentan la representación de los ciudadanos.
